Fuente: EFE, Radio Exitosa
El ex director de SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga, despedido el 5 de junio por esa entidad adscrita al ministerio de agricultura, reafirmó en entrevista por Radio Exitosa, que su despido (enterado por el Diario El Peruano) fue para favorecer a empresas que talan bosques y que por haber sido nombrado en concurso público, no puede ser despedido sin demostrar que cometió alguna falta al tiempo que subraya que no es personal de confianza para ser removido sin causa alguna, motivo por el cual iniciará las acciones legales correspondientes. Además manifestó que quiere pensar que el presidente de Perú Martín Vizcarra ha firmado su despido porque ha confiado en sus ministros que lo han desinformado.
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) de Perú señaló hacia el pasado fin de semana, que la repentina destitución del jefe de Serfor, fue porque »no ofreció resultados ni mecanismos en la lucha contra la tala ilegal y por no ‘tener el perfil adecuado para el puesto» según documento que el Ministerio de Agricultura envió a la Agencia Efe.
Gonzáles-Zúñiga explicó a EFE que su despido era por haberse opuesto a cambiar un reglamento ‘muy sensible’ de recalificación de uso de tierras, cuyo consenso tomó años entre varias entidades involucradas. Y en consecuencia, esa modificación promovería una mayor deforestación porque facilitaría la tala de bosques y así el suelo sería más fácil recalificar como de uso agrícola. De ese modo, su despido respondería a presiones de los principales dueños de las madereras que operan en la Amazonía, donde según el Serfor sale casi toda la madera que exporta Perú, y de la que el 80% es de origen ilegal.
Subrayó que durante su gestión promovió la trazabilidad (procedimientos que permiten conocer los antecedentes, la ubicación y la trayectoria de un producto) de la madera para rastrear de manera eficiente la tala ilegal.
En la entrevista que concedió al portal Servindi, citó a funcionarios de la entidad estatal Serfor, que no estaban a favor de la lucha contra la tala ilegal y otro porque fue separado por delito de apropiación de dinero:
»Por ejemplo, cuando en el gobierno de Vizcarra se reactiva la Mesa Ejecutiva Forestal, que es un mecanismo bueno porque junta al sector privado con el público para identificar cuellos de botella y ver cómo se pueden superar, Ivonne Echevarría asume la coordinación. Ella convoca a las reuniones a Conafor, una organización que tiene el mismo nombre que nuestro consejo asesor, pero que son los principales defensores de la ilegalidad en nuestro país y, en los bosques, principalmente. Le dije que no los invitara porque ellos eran parte de los delincuentes a los que había que combatir, pero siguió convocándolos. Y, por supuesto, ellos han sido los que han organizado las principales manifestaciones para oponerse a los libros de operaciones en Iquitos y Pucallpa.
Otro ejemplo. Hace cuatro meses atrás nos enteramos que había empezado una maniobra para quitarle a Serfor la función de control y dársela a Osinfor. Esta función junto a la de la promoción, fueron las dos que se establecieron al crear el Serfor. Promoción del desarrollo forestal en un marco de legalidad, y para que sea así, se necesita control, lo que significa luchar contra los delitos ambientales. Toda esta [maniobra] era manejada por la viceministra (Paula Carrión) y su asesor Gian Carlo Pezo, un ingeniero forestal que fue separado del Serfor por delitos que cometió: se apropiaba del dinero cuando salía a hacer las visitas, los viáticos los inflaba. Le mandamos una carta a la viceministra, diciéndole que nos habíamos enterado de esto. Nunca nos respondió».
La réplica de Serfor adscrito al Ministerio de Agricultura (Minagri), fue que el reglamento de clasificación de tierras está pendiente de adecuarse a la Ley Forestal desde el 2015, y que hasta que eso no ocurra provoca ‘una mayor deforestación y un uso inadecuado de las tierras.
Sostienen que propusieron la prohibición de recalificar tierras con aptitud forestal y de protección también en aquellas donde se haya realizado el cambio de uso actual sin autorización de la autoridad competente. Asimismo, que durante los primeros 16 meses de gestión, Gonzáles-Zúñiga debía haber presentado el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, reactivado el Sistema Nacional de Gestión Forestal y Fauna Silvestre (Sinafor) e implementado al menos 3 de los 34 puestos de control que el Serfor tiene planeados instalar en los puntos calientes del tráfico de madera ilegal, tampoco elaboró, -dicen- el Plan Anual de Evaluación y Seguimiento, para crear las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, establecer un plan de asistencia técnica a autoridades forestales regionales y definir un mecanismo de coordinación con las instituciones correspondientes para la realización de operativos en Lima.
La presidenta de la Asociación del Sector Forestal de Loreto (Aseforel), Betsabé Cortegano saludó la salida del director ejecutivo Gonzáles-Zúñiga también porque no gestionó el presupuesto para acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, a pesar de los reiterados pedidos de las comunidades afectadas por la tala ilegal de madera.
El 2019 la deforestación en Perú fue de 147 mil hectáreas, una cifra que se eleva a 2,3 millones de hectáreas desde 2001, lo que representa una superficie similar a El Salvador, causada principalmente por la agricultura migratoria, el cambio de uso tierras, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros.
El semanario peruano Hildebrandt en sus Trece también reporta el despido de Gonzáles-Zúñiga, despedido por oponerse a la deforestación a gran escala en la Amazonía, beneficiando a las grandes empresas agricolas, particularmente a los productores de palma aceitera.
ORGANIZACIONES CIVILES APOYAN A LUIS ALBERTO GONZÁLES-ZÚÑIGA
Son 43 organizaciones de la sociedad civil suscribieron un pronunciamiento contra el despido del ex director Serfor, Luis Alberto, entre ellas la estadounidense Amazon Watch y la británica Agencia de Investigación Medioambiental (EIA),
La directora en Perú de la agencia de Investigación Medioambiental (EIA), Julia Urrunaga, declaró a la agencia Efe que lamenta que la decisión no fuera planteada al consejo directivo del Serfor. Agregó »Estamos evaluando si vale la pena quedarnos ahí. ¿Qué hacemos en un consejo que está siendo ignorado por el Estado? Es una burla».
La normativa que pretende aprobar el Ministerio de Agricultura «rompe todos los compromisos del Estado a nivel internacional», como los millonarios fondos de Alemania y Noruega para conservar bosques, afirmó, la especialista en lavado de madera (el proceso para dar apariencia legal a una madera de origen ilegal).
La directora EIA en Perú, consideró que desde el Gobierno »pensaron que podían presionar un poco a Gonzáles-Zúñiga para que se vaya sin hacer escándalo, pero él no estaba dispuesto a eso porque era hacerle el juego a la mafia» y quienes están a favor de esta destitución vienen de funcionarios implicados en investigaciones contra la tala ilegal que trabajan en los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali, los dos departamentos amazónicos donde se concentra la tala ilegal de Perú y donde operan las madereras.
AMENAZAS DE TALADORES ILEGALES Y COCALEROS
La Asociación de Comunidades Nativas de Asháninkas y Ashéninkas de Masisea y Callería (Aconamac) en la frontera de Perú con Brasil, denunciaron que las amenazas que han recibido, proceden de taladores ilegales y de cocaleros que han invadido sus territorios.
Un grupo de taladores ilegales asesinó hace cinco años, cruelmente a cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, entre ellos el activista Edwin Chota, en esa misma frontera. A la fecha, no han abierto juicio contra los presuntos asesinos. Y en marzo 2020, al menos dos indígenas han sido asesinados por taladores ilegales en otras regiones de la Amazonía peruana.
prensarte.com 