El gobierno de Pedro Castillo se ha convertido en un enemigo de las libertades de expresión y de prensa es la afirmación introductoria del Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre Perú en su Asamblea General edición número 78 realizada en Madrid, España.

Continúa »No sólo estigmatiza e insulta a los medios de comunicación y a periodistas individuales, sino que obstruye su trabajo, en especial las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción».

Ante la denuncia de plagio de su tesis de maestría, relata desde mayo algunos de los epítetos del presidente Pedro Castillo contra la prensa peruana, como que busca «generar inestabilidad política» y pertenece a un «contubernio de ciertos grupos de poder y sectores golpistas».

Luego el Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de ley para crear el delito de difusión de información reservada en la investigación penal.

Para agravar la situación, el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres dijo en un canal de YouTube que «la mayoría de la prensa, especialmente la capitalina ha adoptado el mecanismo que utilizó Mussolini en Italia, el fascismo; que utilizó Hitler en Alemania, el nazismo. Han adoptado la política de estos dos personajes: utilizar la mentira como el mejor instrumento para destruir al adversario».

También menciona que en julio, dos periodistas del programa Cuarto Poder, de América TV, y su chofer fueron secuestrados por cinco horas por rondas campesinas en el distrito de Chadín, en la provincia de Chota, Cajamarca. cuando realizaban un reportaje en la zona sobre la cuñada del presidente Castillo, quien ofrecía obras de saneamiento sin ser una funcionaria pública. Los periodistas fueron obligados a retractarse a través de un comunicado en vivo que leyeron en América TV.

Consigna el hecho que la Corte Suprema resolvió que un juez penal no puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de participación política de un ciudadano involucrado en una investigación, motivo por el cual, declaró nulas las restricciones impuestas en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien estaba prohibido para declarar a la prensa.

El informe de la SIP, asimismo, señala el impedimento del Congreso de la República a los periodistas para realizar su trabajo en el recinto parlamentario.

Y en la resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en la 78 Asamblea, ante las agresiones verbales y físicas por parte del Ejecutivo peruano a los periodistas, concluye lo siguiente:

Condenar al gobierno de Pedro Castillo por su tratamiento a periodistas y a la labor de la prensa, y por no respetar cabalmente las libertades de expresión y prensa

Solicitar al gobierno que se abstenga de presentar proyectos de ley lesivos a la libertad de prensa.

Recomendar al presidente Castillo que informe a la prensa sobre sus actividades de gobierno.

Igualmente en las conclusiones, respecto al tratamiento a la prensa en Perú, la SIP, señala lo siguiente:

A eso se suman las conductas de estigmatización del periodismo y las campañas de desprestigio provenientes de gobiernos, sus aliados y movimientos políticos. El escenario más extendido para estos ataques han sido las redes sociales. Los casos de mayor intensidad en este frente se registraron en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Nicaragua. También el ambiente de alta polarización en las campañas presidenciales de Colombia y Brasil desembocó en este tipo de hostilidad contra periodistas y medios.

Participación de Perú en la Asamblea General edición número 78 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Desde el minuto 2:35:43

Declaraciones de Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana: Fuente 24 Horas, Panamericana TV.:

Comunicado de la Defensoría del Pueblo de Perú número08/OCII/DP/2022 frente a las reiteradas restricciones a la libertad de prensa realizadas por las más altas autoridades del gobierno de Pedro Castillo

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo de Perú que señala los atentados contra la libertad de expresión del régimen Castillo:

En el mismo periodo, se han identificado reiterados atentados contra la libertad de expresión. En diciembre de 2021, tras supervisar al Poder Ejecutivo, se advirtió un discurso hostil hacia los medios de comunicación y obstáculos al libre ejercicio del periodismo. Pese a las recomendaciones formuladas, estas vulneraciones a la libertad de expresión se han agravado, a través de agresiones contra periodistas y con la decisión del Gobierno de presentar el PL 2508/2021-PE, que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Por ello, la Defensoría del Pueblo considera urgente adoptar una política abierta y tolerante hacia los medios de comunicación, pues representan el camino indispensable para la formación de una opinión pública libre e informada. Proyecto de Ley 2508/2021-PE, buscaba silenciar a periodistas.