El Departamento ha revocado todas las visas estadounidenses a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y del sistema judicial nicaragüense, incluidos fiscales y jueces, así como a algunos de sus familiares, en relación a sus actos en contra de la democracia y los derechos humanos.
En el contexto de Nicaragua, la política de restricción de visas del Departamento se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos, y el miembros de la familia inmediata de dichas personas. Específicamente, la lista de cien funcionarios y sus familiares que ayudaron a permitir los ataques del régimen de Ortega-Murillo a la democracia y los derechos humanos, que incluyen:
-Arrestar a 26 opositores políticos y actores a favor de la democracia, incluidos seis contendientes presidenciales, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos.
-Aprobar leyes represivas, incluida la legislación electoral, una ley de «delitos cibernéticos», una ley de «agentes extranjeros» y una ley de «soberanía», que han servido para restringir y criminalizar el discurso, la disidencia y la participación política.
– Buscan hostigar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes y socavar las instituciones y procesos democráticos en Nicaragua
Estados Unidos a través del pronunciamiento del Secretario de Estado, Antony J. Blinken, afirma que estas revocaciones de visas demuestran que Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas no sólo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos y que para ese objetivo continuarán utilizando las herramientas diplomáticas y económicas que tengan a disposición para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas.
Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica.