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Ley 30230 conocida como “Paquetazo ambiental” en Perú: SPDA expresa desacuerdo con sentencia del Tribunal Constitucional por limitar fiscalización ambiental y otras medidas

Foto: Servindi

Por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA.

En el 2014, el Gobierno peruano emitió una serie de normas con el fin de reactivar la economía. Entre estas se encontraba la Ley 30230, que establecía medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.

La norma fue rechazada en su momento por diversas organizaciones, entre ellas la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, porque debilitaba la institucionalidad ambiental en favor de las empresas. La Ley 30230 limitaba la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), modificaba el establecimiento de áreas protegidas, atentaba contra la seguridad jurídica de los territorios indígenas y significaba un retroceso en temas de ordenamiento territorial. Por estas razones, a dicha medida del Gobierno se le conoció como “Paquetazo ambiental”.

Frente a esta situación, Gobierno Regional de San Martín y un grupo de ciudadanos presentaron demandas de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la mencionada ley (específicamente los Artículos 19° al 23°, 36° al 51°, 57°, y Tercera disposición Complementaria Derogatoria de la Ley  30230) y, después de cinco años y ocho meses, el pasado 12 de junio, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia.

Con el fin de aclarar los puntos clave de la sentencia, abrir el debate a partir de la reflexión jurídica, y para que medidas similares no vuelvan a repetirse, especialmente en estos tiempos de emergencia, la SPDA realizó un análisis del pronunciamiento del TC, abarcando especialmente los temas ambientales que fueron cuestionados: fiscalización ambiental, ordenamiento territorial, establecimiento de áreas protegidas y seguridad jurídica de territorios indígenas.

En líneas generales, la SPDA discrepa en estos cuatro puntos con la sentencia del TC, y expresó su preocupación porque estos mismos argumentos podrían usarse en futuros casos, especialmente con las medidas que se puedan tomar durante la pospandemia.

“Nos parece esencial analizar los argumentos que recogen la mayoría de los magistrados de nuestro actual órgano colegiado a fin de poder avizorar que nos espera –en términos de justicia constitucional– un escenario de reactivación económica pensado en la flexibilización o relajación del marco institucional ambiental. Si insistimos en pensar en lo ambiental como algo marginal o residual al desarrollo económico habremos aprendido muy poco sobre esta crisis”, explicó la SPDA.

En el análisis, la SPDA también resalta la demora del TC para emitir una sentencia, especialmente en casos que tienen que ver con temas ambientales. Por ello, señaló que es “esencial mejorar la capacidad de respuesta del TC para evaluar y resolver oportunamente los procesos de inconstitucionalidad, en especial aquellos con relevancia ambiental en tanto la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos y derechos fundamentales involucrados así lo demanda”.

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