Por Claudia Chávez Rivero – Gonzáles

Son 920 soles (278 dólares) casi el sueldo mínimo en Perú lo que cuesta la prueba molecular para descartar el coronavirus COVID 19 en una clínica en Jesús María, que debo hacerme sólo por mi tranquilidad porque yo no salgo de mi casa hace 72 días y a mi esposo le hacen la prueba de manera frecuente en la empresa de alimentos donde trabaja. Dormimos en habitaciones separadas y aunque incluso tenemos el distanciamiento social dentro de casa, yo siento una picazón en la garganta, a veces un poco de ardor, pero se va, yo misma me respondo, como no tengo fiebre, puedo oler bien y no tengo algún tipo de diarrea como algunas personas diagnosticadas con el virus de la pandemia COVID 19 han reportado, debe ser el cambio de clima, y sobre todo debe ser la psicosis hipocondriaca por el temor si en caso me contagie, estaría o no dentro del porcentaje que no llega a cuidados intensivos con oxígeno o la psicosis por el encierro de la cuarentena extendida y los pensamientos futuros de la economía peruana caerá en 4.7 % el 2020 según el Banco Mundial (con 1 millón 216 mil 600 personas que perdieron sus empleos hasta mayo sólo en Lima Metropolitana según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y en los próximos años dependerá de las acciones de los gobiernos para no caer en una recesión profunda. En fin, respiro hondo y agradezco a Dios por no estar dentro de las familias desempleadas.

Espero permanecer en la clase media y por eso más que nunca debo hacer ahorros, además todavía puedo darme el lujo de esperar que llegue la prueba molecular en otra clínica, esta vez en Miraflores, que cuesta 350 soles (102 dólares) y la prueba rápida 150 soles (44 dólares) que por cierto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es indicada para saber si la persona tiene el virus COVID 19, mientras que la serológica o rápida es para saber si la persona ya tuvo o está en el día 12 de incubación cuando el organismo libera los anticuerpos IgM y los IgG que se adhieren al virus para desactivarlo o eliminarlo, incluso hasta tres meses o más puede permanecer en el cuerpo antes de que sean indetectable.

Es 28 de mayo y desde hace al menos dos semanas aún no llegan las pruebas en una clínica de Miraflores-Lima, donde cuesta 350 soles (106 dólares) la molecular y la rápida 150 soles (45 dólares). Dicen que llame el lunes 1 de junio 2020 para saber sí llegaron. Aunque puedo pagar un precio elevado como más de un sueldo mínimo, espero encontrar una clínica o laboratorio donde cueste menos, en estos tiempos, hay que ahorrar y más si no es urgente, mientras mi esposo me dice que no entre en psicosis persistente, que no hace falta, que él pasa las pruebas y si hiciese falta, él me dirá, pero yo no puedo con mi carácter y continúo averiguando precios, al tiempo que desarrollo el análisis de los precios, medidas de prevención de acopio de productos esenciales en el marco de la lucha contra la pandemia COVID 19, la transparencia de la información del proceso de las pruebas moleculares o rápidas procedentes de las clínicas o centros particulares y el intercambio prestacional por el Estado de Emergencia a causa de la pandemia para que un ciudadano peruano pueda ser atendido en una clínica en caso necesitase asistencia por COVID 19 sin tener un seguro particular o no tener los recursos pues el gobierno peruano pagaría la cuenta.

Según las leyes de Perú, no está permitido la regulación de los precios de productos o servicios y la entidad estatal Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad) sí está facultada para hacer respetar precios informados y sancionar concertaciones, igualmente varios economistas advierten que el control de precios genera escasez porque las personas buscan abastecerse de ellos, es mejor optar por comprar un producto alternativo, primero debería tener el acceso a la prueba COVID 19 y si una persona diagnosticada con el virus, no tiene acceso a los medicamentos necesarios y por supuesto el oxígeno, así como el ventilador mecánico, especialmente en caso de agravarse. simplemente moriría. No es como dejar de comprar un limón porque está muy caro y en su lugar comprar una naranja, una mandarina o una lima para que el mercado se autorregule.

“Si tienen una gran cantidad de papel higiénico en sus casas, no les va a pasar nada, pero si tienen un galpón lleno de mascarillas, van a escuchar un llamado a sus puertas”, explicó el fiscal general William Barr de Estados Unidos, respecto a la medida decretada por el presidente Trump para prevenir el acopio de productos esenciales en el marco de la lucha contra la pandemia COVID 19, aplica al mercado mayorista, y no a los consumidores, Asímismo, han investigado sobre actividades que puedan alterar la cadena de suministros y en cada estado adaptarán las medidas según se presenten los casos. Esta medida se puede tomar en países latinoamericanos como Perú, para evitar aprovechamientos de inescrupulosos.

Cualquier ciudadano puede entender que considerando la demanda, la restricción de importaciones por el cierre de fronteras, puede incrementar el precio, y conservar un margen de ganancia por los costos, pero no revestir de otros costos muy elevados, como lo hace una clínica de una cadena hospitalaria en Surco, para decir que por ejemplo, que una prueba molecular es gratuita y sólo están cobrando los honorarios del médico y la clínica, si el costo de una consulta cuesta 300 soles y el costo de la clínica podría costar exagerando otros 300, total 600 y no más de mil soles, de hecho, las pruebas de las clínicas son procesadas por el Instituto Nacional de Salud (INS), según denunció el congresista peruano de Podemos Perú, Aron Espinoza, que lo comprobó por haber tenido el virus y por haber realizado pruebas a su familia y trabajadores. Y a esto el jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. César Cabezas Sánchez, aseguró que las pruebas que realiza el INS son gratuitas y hasta el 15 de mayo el INS no respondió a periodistas de América TV. ni a la fecha han publicado en sus medios digitales públicos sobre cuántas pruebas procesadas por su institución provienen de clínicas privadas.

El congresista especifica su denuncia, que hasta el 14 de mayo, son 14 mil 900 pruebas moleculares procesadas por el Instituto Nacional de Salud para clínicas privadas (lo que un medio le ha reportado) que representa entre 8 y 10 millones de soles de ingresos a las clínicas privadas por haber realizado el hisopado a los pacientes por la prueba molecular.

El ministro de salud, Víctor Zamora le respondió al congresista que el Instituto Nacional de Salud no procesa pruebas respecto a las moleculares COVID 19 procedentes de clínicas particulares.

El ex congresista y fundador de la Asociación Peruana de Consumidores, ASPEC, Jaime Delgado, subraya que no es admisible que los precios de medicamentos o servicios de salud involucrados en la atención por COVID 19, se incrementen hasta diez veces su costo, siendo de necesidad pública como lo establece el decreto de urgencia emitido por el gobierno peruano.

Delgado destacó la opción de hacer una »canasta de países» para competir con mejores precios, por ejemplo con los medicamentos, comprar el más barato. Y acota que en otros países existe legislación contra la especulación y acaparamiento. Por su parte Inkafarma que fue señalado como una de las farmacias que subió drásticamente los precios de paracetamol y azitromicina que es parte de la medicación para los pacientes que tienen COVID 19, dijo que no acapararon medicamentos, sino que era porque tenían almacenes más grandes. Posteriormente, tanto la farmacia Inkafarma como Mifarma se comprometieron a congelar los precios a los medicamentos vinculados al tratamiento del COVID-19 durante la pandemia. El CEO de Farmacias Peruanas (institución que las agrupa), Edmundo Yañez, informó que los precios se mantendrán aún si sus proveedores subiesen las tarifas.

La medida contra el acaparamiento ya tiene marco regulatorio, afirma el congresista Espinoza, a la que colocarán un texto sustitutorio de manera multipartidaria y será canalizado a la Comisión de Defensa del Consumidor, no sólo para corregir, sino previendo cómo sería un futuro con acaparamiento de vacunas. El congresista enfatiza que Digemid aprueba los permisos para exportaciones e importaciones de medicamentos y suministros sanitarios. Agrega que el Estado puede saber los costos de desaduanaje, cómo los privados compraron una prueba o un medicamento a un precio y luego lo venden 20 veces más caro.

No hay pruebas moleculares para pacientes del sector público, pero sí para el privado, es la reflexión donde se nota la desintegración del sistema de salud peruano en la guerra contra el COVID 19.

La realidad de muchos pacientes es que acudieron a un centro hospitalario público por tener síntomas visibles de COVID 19, no pudieron acceder a una cama hospitalaria y no fueron trasladados a una clínica privada, aunque la teoría dice que el intercambio prestacional de salud por el Estado de Emergencia a causa de la pandemia COVID 19 »la posibilidad de que toda persona -independientemente de que su asegurador sea el Sistema Integral de Salud, SIS, el seguro social EsSalud o un privado- pueda atenderse en otro servicio, ya sea privado, EsSalud o un hospital público» como afirmó el ministro Zamora, aprobado vía el Decreto legislativo 1466 en los artículos 2 y 3. y al Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS.

La declaración de la doctora Pilar Mazzetti en un canal de televisión el jueves 29 de mayo, jefa del Comando de Operaciones COVID-19 devuelve un poco de esperanza a otros pacientes COVID 19, al menos del SIS, Sistema Integral de Salud, que podrán utilizar camas en clínicas privadas, en caso que en el sector público no hayan estado disponibles. Además anunció que las entidades privadas han cedido precios de tarifas para los contratos que han suscrito con el seguro social Essalud y PNP para tener camas hospitalarias y de Cuidados Intenisvos (UCI) por 3 ó 4 meses. Son 4800 camas hospitalarias y 230 camas UCI que sumarán a la oferta hospitalaria.

En el pronunciamiento del presidente peruano Martín Vizcarra el 30 de mayo 2020, el ministro de salud, Víctor Zamora, respondió que le llama la atención que el doctor Alejandro Langberg La Rosa, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas del Perú declarase al medio RPP que el Estado peruano nunca pidió para pacientes positivos COVID 19 camas de cuidados intensivos (UCI) al sector privado.

Además, señaló al respecto que el intercambio prestacional de salud por el Estado de Emergencia a causa de la pandemia COVID 19 no ha podido implementarse, pero están trabajando en ello y que hospitales públicos han recibido pacientes de clínicas privadas, evitando las barreras económicas y burocráticas para el ingreso de esos pacientes. A su turno el presidente VIzcarra, afirmó que muchas personas con síntomas se van a las clínicas donde están asegurados, pero »sí hay que reforzar, se tiene que culminar de definir» y añade que están trabajando en todas las regiones del país.

CONTINÚO PREGUNTANDO POR EL PRECIO DE LAS PRUEBAS MOLECULARES Y LAS RÁPIDAS EN CLÍNICAS PRIVADAS Y LABORATORIOS. Sólo una de las clínicas, parte de un grupo hospitalario conocido, en el distrito de San Miguel afirmó que el examen es gratuito y que cobran 78 soles por el servicio de emergencia más otros exámenes que pudiese indicar el médico, además de sus honorarios.

SON TRECE DE LAS PRINCIPALES CLÍNICAS Y UN LABORATORIO EN LIMA los consultados para poder acceder a la prueba molecular y rápida, de ellos son un total de CINCO clínicas en Lima que toman las pruebas moleculares COVID 19 y UN LABORATORIO en Lince cobra 560 soles (170 dólares) por la molecular y 150 soles (45 dólares) por la rápida. Una cadena de laboratorios mencionada hace varias semanas por el titular de salud peruano, Víctor Zamora, que estaba acreditada para procesar muestras, al 30 de mayo, indican que no están realizando ninguna de las dos pruebas. Tampoco una importante clínica en Miraflores, citada por varias investigaciones periodísticas donde cobraban precios elevados, desde que empezó en marzo la pandemia en Perú, afirman que no la realizan. En ese mismo distrito, otra clínica sólo tienen la rápida que cuesta 150 soles (45 dólares) y que no saben cuándo les llegará la molecular.

En una clínica de San Isidro sólo toman las pruebas COVID 19 a trabajadores de empresas por lo que el representante debe dejar un correo electrónico y su respectivo RUC (Registro Único de Contribuyente) para que le envíen los precios por correo. Otra en ese mismo distrito, mencionó una tercera prueba, un hisopado que no era para la molecular, pero que el precio sólo lo daban cuando el paciente se acercaba a sus instalaciones. Otra clínica en Independencia informó que también tenían una tercera prueba con hisopado, la molecular cuesta 135 soles (41 dólares) y 90 soles (27 dólares) la prueba rápida. Una clínica con décadas de atención en San Borja, informaron que los precios sólo los dan cuando el paciente con síntomas se acercaba a emergencia.

La elección de realizar una prueba molecular para detectar COVID 19 de manera particular es porque el sistema de salud está desbordado y la mayoría de peruanos lo saben porque si no es por un conocido que tuvo COVID 19, por las denuncias con video trasmitidas por un medio de comunicación o un familiar que ha pasado la experiencia de no encontrar una cama por otra dolencia.

El sistema de salud en Perú siempre estuvo desintegrado, así lo han reconocido las autoridades como el actual presidente Martín Vizcarra. El sector salud fue lo último en el presupuesto de los gobiernos durante décadas y hoy la factura es enorme.

Las pruebas moleculares COVID 19 en clínicas, así como los reactivos para de las pruebas rápidas, son a través de pedidos directamente a importadoras y las pruebas que faltan en el sector público, en muchos casos aún no llegan, esto confirma que si el paciente tiene dinero para costearse la prueba, tiene más posibilidades de tener un diagnóstico oportuno, que según observa la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha indicado que el problema de América Latina como epicentro mundial de la pandemia es que no ha realizado la suficiente cantidad de pruebas suficientes pruebas para detectar a los enfermos. También hay que recordar que si una persona tiene síntomas del COVID 19, debe considerarse que tiene el virus, por tanto atenderlo con los protocolos correspondientes, en principio el aislamiento estricto dentro su domicilio y estar monitoreado para no llegar a la gravedad fuera de un centro hospitalario.

El decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Lima, Javier Llamoza Jacinto, en la entrevista concedida a Ojo Público, señaló que en la cadena de suministro que llega al público, »alguien se está quedando con una parte de la torta», que puede ser el importador, los fabricantes y algunas boticas. ¿Cuánto le vende el importador a la farmacia?, se pregunta. Esa información es obligatoria reportarla al Ministerio de Salud”, señala, y a su vez la entidad estatal debe publicarla, pero no se encuentra. Una solución que plantea el químico farmaceútico para detener la especulación con los precios de los medicamentos es el establecimiento del margen de ganancia: “Si se declara en aduanas o se tiene como costo de manufactura un valor de S/ 10 por medicamento, se puede establecer un margen de ganancia del 50%, es decir, que cueste S/ 15 soles en la farmacia. Lo que falta son decisiones (del Estado) para que no se abuse con la necesidad”.

Por eso la medida decretada por Estados Unidos tiene todo el sentido en plena pandemia (incluso con un sistema de salud que funcionaba en comparación con el latinoamericano): Prevenir el acopio de productos esenciales en el marco de la lucha contra la pandemia COVID 19, aplica al mercado mayorista, asímismo, investigan sobre actividades que puedan alterar la cadena de suministros y en cada estado adaptan las medidas según se presenten los casos.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Farmacias, Ana María Jiménez, sostiene que el aumento de precios procede de los laboratorios que »están haciendo sus jugadas revendiendo a mayoristas y ellos están vendiendo el producto al precio que les da la gana». Igualmente reitera que la Digemid está encargado de supervisar laboratorios y droguerías y las direcciones regionales de salud a las farmacias, ambas bajo la dirección del Ministerio de Salud, que señala- debería fiscalizar-,pero debido a la pandemia no lo está haciendo”. Por ejemplo a inmediaciones del hospital Alcides Carrión han vendido medicamentos en mercado negro, sin intervención estatal, pero que ante las denuncias públicas como estas han movilizado a las autoridades distritales a intervenir como corresponde.

Ponerse en la piel de un conocido y reproducir su temor que en la clase media es manejable, igual todos en un país con un sistema de salud desintegrado el peligro de morir por falta de insumos como oxígeno, incluso con dinero no da tranquilidad a nadie. Pensar en la realidad de los otros, como en el condominio donde vive la persona que encarné un momento, la reducción o la dispensa de los colaboradores, del portero o las asistentas de la casa que ya no trabajan porque viven en zona de altos índices de contagios que al inicio de la pandemia en Perú, el alto índice de contagios inició en zonas mesocráticas como Miraflores o Surco.

EN EL CASO QUE ADOPTÉ ya pasé los 14 días en los que pudiese haber incubado el virus, por el momento, para tranquilidad de mi psicosis en tomarme una prueba molecular o aunque sea la rápida, hasta un nuevo ciclo de la psicosis y más en el invierno, en la piel de una persona que tiene a alguien en casa trabajando en un sector esencial que siempre estuvo operando.

Sin embargo, la psicosis que se alimenta de la incertidumbre, que desde luego, puede continuar con información científica no muy alentadora, pero ante todo la verdad. El nuevo estudio de la Universidad Johns Hopkins reporta que las pruebas moleculares pueden dar falsos negativos entre el 20 y 30 % de los casos y las más positivas, a la espera de una vacuna contra el COVID 19 por Pfizer y BioNTech o la prueba molecular realizada por las universidades peruanas Cayetano y la UPC o la molecular con más sensibilidad y más económica del Instituto Nacional de Salud. Siempre están las noticias alentadoras y la psicosis originada por la desconfianza antes que nada, ciudadanos y autoridades deben actuar con probidad en el manejo de recursos, escuchar a biólogos, epidemiólogos y médicos que están en el frente de casos y la paciencia se convierte en psicosis persistente si no hay esa transparencia que da confianza, fundamental más que nunca en tiempos de pandemia con estados de emergencia con libertades restringidas y una economía global golpeada al nivel de una tercera guerra mundial.

Dejando la piel del caso de la mujer que conocí, como ciudadana peruana dentro de la pandemia COVID 19, sé que el estado de emergencia es una medida que también se toma en caso de guerra y de hecho esta pandemia es una guerra sanitaria mundial, por tanto que pasaría si fuese al revés, que sólo a nivel país se pudiese conseguir suministros sanitarios y no a nivel privado, entonces debe ser asociado »el frente de guerra» para tener el registro de las personas diagnosticadas con COVID 19 y que no se descontrolen los casos en las ciudades.

Ojalá el gobierno peruano abordase repreguntas en conferencias de prensa tras los pronunciamientos del presidente de Perú y su gabinete en el Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID 19, que dura y no sólo las preguntas digitales no en vivo y según informan bajo la modalidad de sorteo. Por cumplir está la promesa del presidente del Consejo de Ministros, Zeballos, quien dijo hace un mes, que evaluaría al menos preguntas en vivo y todo continúa igual. Destaco a los 500 periodistas españoles que se retiraron de las conferencias de prensa en el palacio de La Moncloa (casa de gobierno español) y firmaron el manifiesto “La libertad de preguntar”, el 31 de marzo en rechazo al método de enviar preguntas a un chat de Whatsapp que pasaba por el filtro del secretario de Estado para formularlas al presidente y a su comitiva. Cinco días después, el gobierno español permitió preguntas directas de los periodistas en sus ruedas de prensa por medio de un sistema seguro de videoconferencia.