Durante el II Foro de Informalidad: “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), diversos expertos nacionales e internacionales de la SNMP, el IPE, entre otros, coincidieron en que la informalidad ha dejado de ser un problema económico aislado y se ha convertido en una amenaza estructural para el Estado de derecho, la competitividad y el desarrollo del país.

Marisol León, presidenta de la Comisión organizadora, sostuvo que una de las principales conclusiones del evento fue que la informalidad es una trampa de baja productividad que ya no puede entenderse como “emprendimiento”, sino como pobreza productiva institucionalizada.

“Debemos desromantizar esta narrativa que nos ha hecho tolerar lo intolerable”, subrayó.

Actualmente, según cifras oficiales, el 71% de la población ocupada trabaja en condiciones informales, mayormente enfocados a labores de subsistencia las que no tienen acceso al crédito, tecnología y protección social. Estos trabajadores cuentan con niveles de productividad entre seis y once veces menores a la del sector formal, lo que perpetúa la desigualdad intergeneracional y limita el crecimiento económico.

“Por ello, el gran reto es entender la informalidad como una oportunidad. Es necesario crear un sistema que permita asumir los costos de la formalidad, porque hoy ser formal es excesivamente caro”, señaló.

En otro momento destacó, que uno de los segmentos más afectados por la informalidad es el comercio, que concentra el 33% de los negocios informales y registra una incidencia superior al 86%, es decir, casi 9 de cada 10 negocios operan fuera del sistema formal. Según el análisis presentado, los comerciantes no operan al margen de la ley por preferencia, sino porque el camino formal es costoso y complejo.

El Perú tiene 8.2 millones unidades productivas informales, y 5.5 millones son no agropecuarias (bodegas, talleres, servicios menores, ventas por catálogo, etc.), un ecosistema que sostiene a la economía popular.

Además, el 36.6% de estos negocios tiene entre uno a cinco años antigüedad lo que revela que son emprendimientos frágiles, con poco capital y alta rotación. Además, más del 52.3% de los negocios informales son conducidos por mujeres, mientras los que inician un emprendimiento tiene entre 33 y 40 años.

Lima concentra el mayor número de negocios informales con 33%, mientras que regiones como Apurímac, Ucayali y Loreto registran niveles críticos de informalidad superando el 90%.

TRABAS PARA SER FORMAL

Abrir un negocio puede demorar hasta 71 días y requerir entre 500 y 1.500 soles en trámites, montos que equivalen entre el 20% y 30% del capital inicial de un emprendedor. Además, se necesitan 380 horas al año para cumplir con las obligaciones administrativas.

“Si queremos un país más formal, debemos rediseñar las reglas pensando en el comercio, el sector con mayor impacto social. Se necesitan de trámites más simples y rápidos, costos proporcionales al tamaño del negocio y una ruta que acompañe al crecimiento en lugar de penalizarlo”, subrayó Marisol León.

En paralelo, la informalidad empresarial se ha convertido en una barrera estructural para el crecimiento económico, advirtió Roberto De La Tore, presidente de la CCL.

Sostuvo que los tramites excesivos dificultan el proceso de formalización de los negocios, pues abrir una empresa en el país requiere 3 332 horas de trámites administrativos, equivalente a cuatro meses y medio de trabajo, además de costos iniciales de formalización que pueden superar los mil 800 soles, sin considerar los gastos adicionales según el tipo de empresa y la ciudad. Esto contribuye a la expansión de la informalidad.

“El tiempo que hoy se pierde en trámites podría destinarse a innovar, producir o generar empleo. Por ello, avanzar hacia procesos más ágiles y eficientes es clave para potenciar la competitividad empresarial”, subrayó.

De acuerdo con el Índice de Burocracia 2025, en América Latina la constitución de una empresa mediana y su puesta en operación demanda ocho meses de procedimientos administrativos.

Roberto De La Tore agregó que, según cifras del INEI -en su Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN)- el 70,7 % de la PEA ocupada trabaja en la informalidad, lo que significa que 7 de cada 10 peruanos no está sujeta a la legislación laboral. No obstante, la situación es aún más crítica en el ámbito rural, donde la informalidad alcanza al 94,8 % de la PEA ocupada.

En ese sentido, sostuvo que la informalidad es uno de los desafíos más complejos que enfrenta el país, pues afecta la recaudación, la inversión y, sobre todo, las oportunidades para millones de peruanos que buscan un futuro mejor.

PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Por su parte, César Uyeyama, secretario técnico del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconoció que la baja productividad vinculada a la informalidad es una de las fallas estructurales más graves del país, tras añadir que “no es posible lograr competitividad ni reducir la informalidad sin elevar la productividad agregada”.

“La informalidad limita el crecimiento económico y excluye a millones de peruanos de la protección social y del crédito formal, por lo que se requiere una hoja de ruta clara”, comentó. 

En ese contexto, explicó que el MEF ha actualizado el Plan Nacional de Competitividad, que incluye 75 medidas, entre reformas de mediano y largo plazo convirtiéndose en una herramienta clave para impulsar la competitividad y el crecimiento sostenido del país.

En ese sentido, precisó que 15 de estas medidas están orientadas a la formalización, e incluyen acciones laborales destinadas a promover el empleo digno mediante mecanismos de acompañamiento institucionalizados.

ENVÍOS DE ORO ILEGAL POR 12 MIL MILLONES DE DÓLARES EN 2025 MIENTRAS PROYECTOS DE COBRE SIGUEN ESTANCADOS

El Perú se ha convertido en un jugador clave en la exportación de oro ilegal al mundo, pues explica el 44 % de estos envíos desde América del Sur. Esta participación supera a la de Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil, tendencia que podría agravarse en los próximos años, así lo advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Sostuvo que en las últimas dos décadas el volumen de las exportaciones de oro ilegal se ha multiplicado por ocho, y para el 2025 podría igualar los 12 mil millones de dólares de exportaciones formales de este mineral. Además, la brecha histórica entre oro legal e ilegal —que antes era de 190 toneladas— hoy se redujo a sólo tres.

Pero mientras el oro ilegal crece, el ejecutivo sostuvo que el sector minero formal muestra señales claras de estancamiento, al señalar que el país mantiene al menos 7 mil millones de dólares en proyectos de cobre atrasados, incluidos Michiquillay, Los Chancas y Haquira, todos afectados por conflictos y presencia de minería ilegal.

Aún más crítico es que no existe un solo proyecto de oro con fecha definida en la cartera minera del Ministerio de Energía y Minas, lo cual refleja el deterioro de las condiciones para la inversión formal en un país donde la actividad ilegal avanza.

“El auge del oro ilegal se sostiene no sólo en la extracción, sino en toda su cadena comercial: las empresas exportadoras se multiplicaron por cuatro en cinco años, y las comercializadoras crecieron de 4 mil a más de 13 mil 800 en la última década. Además, los destinos de exportación han migrado hacia mercados con menores exigencias de trazabilidad, como Emiratos Árabes Unidos e India”, remarcó.

En suma, el experto del IPE manifestó que el país muestra un panorama preocupante donde el oro ilegal se expande aceleradamente, mientras la minería formal, especialmente el cobre y el oro, se paraliza por inseguridad, ilegalidad y falta de políticas públicas efectivas.

“Esta actividad criminal transnacional, que involucra contrabando, lavado de activos, evasión fiscal y captura territorial, fluye sin dificultad hacia mercados internacionales como Dubái, Suiza, India y Estados Unidos. Todos reciben oro peruano sin verificar su origen, debido a que el país carece de un sistema robusto de trazabilidad”, remarcó Marisol León, presidenta de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Esta actividad criminal, además provoca una pérdida fiscal de más de 7 mil 500 millones de soles al año, equivalente a cinco veces el presupuesto del Ministerio del Ambiente.

Los expertos cuestionaron también la continuidad del REINFO, señalando que, de los 8 mil inscritos, sólo el 2 % logró formalizarse. Advirtieron que el mecanismo hoy funciona como “un salvoconducto” que impide la intervención policial y fiscal contra operadores ilegales.

Al respecto, planteó la eliminación del REINFO debido a que se ha convertido en una “carta blanca” para operar en la informalidad o en un intento de formalización sin efectos reales.

“Se necesita un proceso de formalización efectivo dirigido a los mineros artesanales y de pequeña escala. Hemos abandonado el esfuerzo de diseñar una ley específica para la pequeña minería y la minería de pequeña escala —la llamada ley MAPE— que debería establecer procesos simples y viables”, manifestó.

AFECTACIÓN AMBIENTAL

Otro punto crítico que se resaltó fue el impacto ambiental de la minería ilegal. Sólo en Madre de Dios se han perdido más de 30 mil hectáreas de bosque primario en tres años, mientras regiones como Loreto, Ucayali y Huánuco enfrentan escenarios similares de degradación, contaminación y afectación a comunidades locales.

“No hablamos de minería de subsistencia, sino una cadena industrial delictiva que está arrasando con nuestro ecosistema”, indicó.

Finalmente, el foro destacó que la minería formal, a diferencia de la ilegal, es parte de la solución al ser un aliado del desarrollo. El sector aporta el 9 % del PBI, genera más de 238 mil empleos formales y transfiere más de 8 mil millones en canon y regalías en el último año. Sin embargo, enfrenta invasiones, extorsión y paralización de proyectos por falta de control territorial y políticas claras.

El evento concluyó con un llamado urgente a cerrar brechas regulatorias, reformar el REINFO, implementar trazabilidad obligatoria para el oro y simplificar la formalización empresarial.

“El Perú no puede seguir siendo dos países: uno que cumple la ley y otro que opera al margen de ella”, anotó.

Fuente: Cámara de Comercio de Lima, Dirección de Comunicaciones