Foto: Sumac Inc.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) manifiestó a través de un pronunciamiento su firme oposición a los anuncios del Gobierno sobre la evaluación de un nuevo aporte de capital a Petroperú y pide al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que cumpla su palabra de no dar ningún dinero adicional a esa empresa estatal.

El gremio empresarial recuerda que el señor premier Otárola, en su participación en CADE, el 14 de noviembre de 2023, sostuvo que no se le daría más dinero estatal a Petroperú ya que la empresa había cumplido un ciclo económico en el país y no era viable seguir financiando su déficit.

Sin embargo, el mismo Gobierno ha revelado recientemente que evalúa un nuevo aporte de capital solicitado por la empresa estatal. Esto ocurre luego de un aporte de 4 mil millones de soles y un endeudamiento de corto plazo con garantía estatal de US$ 500 millones, en 2022.

Petroperú tiene deudas de corto plazo que ascienden a 3 mil 500 millones de dólares y compromisos a largo plazo de hasta 14 mil 200 millones de dólares, lo que compromete su atractivo para inversores y su capacidad para cumplir con sus obligaciones.

En un contexto en el que los ingresos corrientes del Estado han disminuido y el déficit fiscal ha aumentado al 2,5 % del PBI en 2023, cualquier apoyo financiero adicional a Petroperú podría empeorar la situación fiscal, desviando recursos que podrían ser utilizados productivamente en otras áreas.

La CCL recomendó transparencia y estricta gobernanza en la gestión de esta empresa estatal y sugiere que, en el largo plazo, atraiga capitales privados para financiar sus inversiones, reducir su endeudamiento y garantizar su sostenibilidad. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que tomen decisiones responsables que no afecten la caja fiscal y permitan atender otras prioridades urgentes en el país.

En su pronunciamiento en contra de tomar medidas contra el crimen organizado en Perú y en la coyuntura de la violencia criminal y terrorista que enfrenta Ecuador, que ha obligado a su gobierno a declarar el estado de conflicto armado interno y tomar medidas radicales contra bandas criminales, algunas de las cuales ya actúan en el Perú, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó lo siguiente:

1.       Es urgente que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, así como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se declaren en sesión permanente e informen a la brevedad sus planes a corto plazo que muestren un trabajo articulado entre los diferentes poderes del Estado e instituciones.

2.       El trabajo integrado de todas las unidades de inteligencia debe potenciar las operaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta institución también debe contar con todos los recursos necesarios para su modernización y una adecuada capacidad de respuesta ante la acción criminal, lo que debe ir a la par de una campaña sostenida contra la corrupción y de fortalecimiento de la integridad.

3.       Consideramos que se debe formular un plan sostenible que restrinja el ingreso de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales, refuerce el control migratorio en los puestos de fronteras y se autorice el fortalecimiento tecnológico para el control de toda la línea fronteriza. Asimismo, se debe evitar a toda costa que busquen nuevas rutas de salida de droga a través del Perú.

4.       Los operadores de justicia deben contar con mejores medidas de seguridad, sobre todo aquellos que procesan y dictan sentencias contra los miembros de bandas conectadas al crimen organizado.

5.       La situación de las cárceles peruanas obliga a revisar y replantear la situación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de los centros penitenciarios donde criminales y bandas siguen coordinando acciones delictivas. Se debe establecer un régimen especial de control y los miembros de bandas organizadas deben ser enviados prisiones de máxima seguridad.

6.       Los gobiernos locales y regionales deben articular acciones con el Ejecutivo aplicando políticas con visión integral. Instamos a que se informe a la ciudadanía sobre el mapa de riesgos por distrito y las respectivas acciones que ejecuten, exponiendo indicadores que demuestren la efectividad y eficacia de las medidas y los avances en la lucha contra la delincuencia.

Reiteraron que consideran que la creciente inseguridad ciudadana en Perú y la participación de bandas internacionales en estos hechos delincuenciales, así como los riesgos que se han generado en el vecino país de Ecuador, hacen imperioso que desde la Presidencia de la República del Perú se asuma y transmita un claro y firme liderazgo en la lucha contra el crimen organizado y la toma de decisiones a favor del orden interno.

Fuente: Cámara de comercio de Lima, Dirección de Comunicaciones