El gobierno de los EE. UU. ha publicado una lista pública, de conformidad con la sección 353 de la Ley de participación mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos, de personas que, a sabiendas, se han involucrado en actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, involucrados en una corrupción significativa, u obstruyó las investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador. La Sección 353 generalmente requiere que las personas enumeradas en este informe no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos, señaló el Secretario de Estado de EE.UU., Antony J. Blinken.

»Los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador han repudiado sistemáticamente la corrupción, han exigido rendición de cuentas a sus gobiernos y actores privados en sus países y han actuado en defensa de las instituciones democráticas». sostuvo Blinken y en ese contexto, Estados Unidos apoya a los ciudadanos, organizaciones y servidores públicos que están comprometidos con promover el bien público y generar esperanza y oportunidades para los pueblos de la región, incluso frente a los retrocesos al estado de derecho y los esfuerzos para combatir la impunidad.

Como se indica en el reciente Decreto presidencial de los EE. UU. que establece la lucha contra la corrupción como un interés fundamental para la seguridad nacional de EE. UU.: “La corrupción corroe la confianza pública; obstaculiza la gobernanza eficaz; distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios; socava los esfuerzos de desarrollo; contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración; y proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo. Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones o los oligarcas desobedecen el estado de derecho, el crecimiento económico se desacelera, la desigualdad aumenta y la confianza en el gobierno se desploma «.

Blinken manifestó el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en Centroamérica porque la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos están ligadas al éxito de nuestros socios regionales. Agregó que las acciones que socavan el estado de derecho y la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador, y sus repercusiones en la vida de las personas en estos países, contribuyen a la migración irregular y desestabilizan sociedades enteras.

En esa dirección, afirmó que continuarán asociándose con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas fundamentales de la migración irregular. »Nuestro objetivo con estas designaciones es apoyar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador en sus esfuerzos por formar una región democrática, próspera y segura donde las personas puedan contribuir y beneficiarse del proceso democrático, tener confianza en las instituciones públicas, reducir desigualdad y disfrutar de oportunidades para crear el futuro que desean para ellos y sus familias.», enfatizó el Secretario de Estado de EE.UU., Antony J. Blinken.

DE EL SALVADOR, se encuentran cercanos al actual presidente Nayib Bukele: la jefa de ministros, Carolina Recinos y el ex ministro de Seguridad Rogelio Rivas.

Luis Guillermo Wellman Carpio, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, actuó contra instituciones o procesos democráticos al provocar demoras graves e innecesarias en la preparación de elecciones y el escrutinio de resultados en beneficio propio, y al facilitar la influencia maliciosa china durante las elecciones en El Salvador.

Conan Tonathiu Castro Ramírez, actual asesor legal del Presidente, quien actuó contra instituciones o procesos democráticos al colaborar en la destitución irregular de cinco magistrados de la Corte.

Carlos Armando Reyes Ramos, actual miembro de la Asamblea Legislativa, obstaculizó investigaciones de corrupción al influir indebidamente en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema.

Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, obstaculizó investigaciones sobre corrupción y actuó contra instituciones o procesos democráticos como parte de sus esfuerzos para perjudicar a opositores políticos.

Osiris Luna Meza, viceministra de Seguridad y directora general de Centros Penales, ha participado en actos significativos de corrupción vinculados con contratos públicos y sobornos durante su función.

Ezequiel Milla Guerra, ex alcalde de La Unión, participó en actos significativos de corrupción al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de la Isla de Perico a agentes de la República Popular China a cambio de beneficios personales.

Del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernó El Salvador hasta 2019: el exguerrillero José Luis Merino, conocido como “Comandante Ramiro”, exlegislador y ex viceministro de Inversión Extranjera, y Sigfrido Reyes, ex presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Walter René Araujo Morales, ex miembro y presidente del Tribunal Supremo Electoral, actuó contra instituciones o procesos democráticos al llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar en forma reiterada a candidatos políticos.

Pablo Salvador Anliker Infante, ex ministro de Agricultura, que participó en actos significativos de corrupción al apropiarse de fondos públicos para beneficio propio.

José Aquiles Enrique Rais López participó en actos significativos de corrupción y realizó acciones que debilitaron instituciones o procesos democráticos al sobornar a funcionarios públicos.

Adolfo Salume Artinano participó en actos significativos de corrupción y actuó contra instituciones y procesos democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar pagar una multa.

De HONDURAS, se encuentran los siguientes congresistas del unicameral Congreso Nacional: Juan Carlos Valenzuela Molina; Welsy Milena Vásquez López; Milton Jesús Puerto Oseguera; Gustavo Alberto Pérez, Oscar Najera; Gladys Aurora López: José Celin Discua Elvir, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas; Rodolfo Irias Navas, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas; Miguel Edgardo Martínez Pineda, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción. Fue imputado en el caso de corrupción Pandora investigado por la MACCIH en junio de 2018 por la apropiación indebida de USD 12,5 millones de fondos públicos correspondientes a la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas en beneficio propio; Sara Ismela Medina Galo, diputada que obstruyó investigaciones de corrupción en su función de Secretaria del Congreso; Audelia Rodríguez Rodrigo, actual diputada que participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos del programa de desarrollo Limpieza de Solares y Calles, que luego desvió a sus cuentas personales; Dennys Antonio Sánchez Fernández, actual diputado que participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de un programa público de control de plagas en el departamento de Santa Bárbara, del cual es oriundo, que luego desvió a sus cuentas personales: Elvin Ernesto Santos Ordóñez, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas; Elden Vásquez, actual diputado, participó en actos significativos de corrupción mediante la apropiación indebida de USD 12,5 millones de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas para su beneficio personal. Fue imputado en el caso de corrupción Pandora investigado por la MACCIH en junio de 2018; Román Villeda Aguilar, diputado, obstruyó investigaciones de corrupción, lo que dio por resultado la desestimación de un caso de malversación contra varios legisladores que estaban siendo investigados por desviar dinero a una ONG falsa.

Eleazar Alexander Juárez Sarabia, ex diputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de un programa público de control de plagas en el departamento de Valle, del que es oriundo, que luego desvió a sus cuentas personales.

Héctor Enrique Padilla Hernández, ex diputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles, en el departamento de Choluteca, del cual es oriundo, que luego desvió a sus cuentas personales.

José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, ex presidente de Honduras, participó en actos significativos de corrupción durante su presidencia al aceptar sobornos de la organización de narcotráfico Los Cachiros a cambio de favores políticos.

Marco Antonio Bográn Corrales, ex director de INVEST-H, participó en actos significativos de corrupción por apropiación indebida de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.

Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama, participó en actos significativos de corrupción mediante fraude y apropiación indebida de fondos públicos.

Augusto Domingo Cruz Asensio, ex diputado, participó en actos significativos de corrupción al apropiarse en forma indebida de fondos del programa nacional de Generación de empleo que fueron desviados a cuentas personales.

De GUATEMALA, los congresistas, Boris Roberto España Cáceres, instalado desde el 2012 y ex gobernador del departamento de Chinquimula; Jorge Estuardo Vargas Morales, actual diputado, que participó en hechos significativos de corrupción y actuó para debilitar instituciones o procesos democráticos al participar en sobornos, coerción y tráfico de influencias.

Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso.

Manuel Duarte Barrera, actualmente integra la Corte Suprema, ha debilitado instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Nester Mauricio Vásquez Pimentel, quien actualmente integra la Corte Suprema, ha socavado las instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Blanca Aida Stalling Dávila, ex magistrada de la Corte Suprema, estuvo implicada en actos significativos de corrupción, al participar en mecanismos de soborno e influir de manera indebida en el poder judicial. Ha sido designada conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción.

Mynor Mauricio Moto Morataya, elegido en enero de 2021 para ocupar una vacante en la Corte de Constitucionalidad, actuó contra instituciones o procesos y participó en actos significativos de corrupción al obstaculizar la justicia y recibir sobornos a cambio de dictar una decisión favorable.

Elder de Jesús Súchite Vargas, ex ministro de Cultura, estuvo implicado en actos significativos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias en beneficio propio.

Alejandro Jorge Sinbaldi Aparicio, ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en sobornos y financiamiento electoral ilegal, así como el blanqueo del producto de la corrupción para beneficio propio. Ha sido designado conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción.

Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, ex viceministro de Comunicaciones, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en mecanismos de soborno, incluida su intervención en una estructura delictiva que exigió, cobró y depositó sobornos a contratistas del Estado a cambio de beneficios personales.

Florencio Carrascoza Gamez, actual alcalde de Joyabaj, actuó contra instituciones o procesos democráticos al intimidar y encarcelar indebidamente a opositores políticos.

Álvaro Colom Caballeros, expresidente, participó en actos de corrupción significativa al estar implicado en fraude y malversación relacionados con un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala, denominado Transurbano.

Delia Bac Alvarado, ex diputada, participó en actos significativos de corrupción a través del uso indebido de fondos públicos en beneficio propio. Ha sido designada conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción.

Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo (FCT), procuró demorar u obstaculizar los procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental.

Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la ONG FCT, procuró demorar u obstaculizar los procesos penales contra ex militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental, así como el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y ex miembro de una comisión del Congreso a cargo de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, actuó contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su autoridad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operador político y empresario, ha actuado contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la ONG FCT, intentó demorar u obstaculizar procesos penales contra exfuncionarios militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental.

Otros funcionarios guatemaltecos: Gustavo Adolfo Alejos Cambara, ex jefe de ministros del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012) y Mario Amílcar Estrada Orellana, ex congresista y candidato presidencial en el 2019, condenado en 2020 en Estados Unidos a 15 años de cárcel por haber solicitado fondos al Cartel de Sinaloa en México con el fin de financiar campañas políticas.

Fuente: Departamento de Estado de EE.UU.