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Toxicidad en el agua y mortandad masiva de peces por las operaciones del Grupo Palmas denuncian catorce pueblos en la Provincia del Alto Amazonas

Cotoyacu, San Pedro de Mayrujay, Bella Selva, Nuevo Arequipa, San Miguel, San Joaquín, Jorge Chávez, Túpac Amaru, Independencia, Roca Fuerte, Nuevo Ica, Leoncio Prado y las comunidades campesinas de San José Obrero y nativa Kechwa los Ángeles, son los catorce pueblos localizados en el Alto Amazonas que desde julio del 2018 han denunciado públicamente contaminación de agua y peces, desviación y destrucción de sus afluentes naturales en sus entornos resultado de las operaciones del Grupo Palmas (Palmas del Shanusi) del Grupo Romero.

Racimos apilados en el botadero de Palmas del Shanusi. (Foto: Karen de la Torre)

Fuente: Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) de la PUCP/ Por Karen de la Torre, reportera en Lado B (México).

*La autora de este informe indicó que solicitó entrevista al área de imagen del Grupo Palmas para este texto y aunque la respuesta fue canalizar la solicitud, la empresa no concedió entrevista alguna.

Desde hace tres años el verano es tóxico en San Pedro de Mayrujay. El agua del lago no se puede beber y los peces flotan muertos arruinando el panorama de esa porción de paraíso selvático. Hay 268 personas dependiendo del lago, no hay caños, no hay cisternas, sólo el lago Mayrujay.

San Pedro de Mayrujay es un caserío que se encuentra en el distrito Teniente César López Rojas, de la Provincia del Alto Amazonas. A poco más de 10 kilómetros de distancia con Yurimaguas. Se llega ahí a través del río Huallaga, en un recorrido de 30 minutos en canoa.

Esta es una de las 14 comunidades asentadas en los valles del Shanusi, Huallaga y Caynarachi, del Alto Amazonas, que se están organizando para denunciar la contaminación, desviación y destrucción de sus afluentes naturales.

Caminar más de cinco horas entre cultivos de palma aceitera o palma africana (Elaeis guineensis), esa planta de la que se extrae aceite para pan, galletas, detergentes y suavizantes, da náuseas, por lo menos. El olor de su fruta es agudo y penetra invasivamente. Se siente en la cabeza, en la garganta, en la boca. Se siente incluso días después de haberla padecido.

En una sola línea entre trocha y trocha hay 40 plantas. Las palmas tienen pequeñas espinas que se entierran en las manos y traspasan las botas de hule. Es preciso caminar entre ellas con indumentaria adecuada. Aunque es doloroso sentir una espina de palma en las manos, es peor sentir en el rostro la resolana del suelo amoldado para el paso de camionetas y maquinaria.

Es un paseo sin recompensa, al final del camino sólo se encuentra con la inmensidad del botadero de los racimos de la fruta procesada. Una montaña tupida y rebosante de ellos.

Así es Palmas del Shanusi, del Grupo Palmas, del Grupo Romero: 10 mil 48 hectáreas de plantíos de palma, a las que se suman al este 2 mil 344 hectáreas más de Palmas del Oriente, asentadas en la frontera de San Martín y Loreto, entre Barranquita y Yurimaguas. En total el consorcio tiene 26 mil hectáreas de palma, la parte faltante está en Ucayali.

El nombre Palmas del Shanusi se debe al río que comparte el mismo nombre y que corre pasando el caserío de Cotoyacu, una comunidad fundada hace más de 50 años que desde Tarapoto queda después de Pongo de Caynarachi e incluso después del kilómetro 40 antes de Yurimaguas. Esta comunidad ha visto desaparecer decenas de sus quebradas desde la instalación de la empresa, nunca pensaron que fuera necesario tomar evidencia de que existieron.

Palmas del Shanusi comenzó a operar en el año 2006 y su instalación fue mediante un procedimiento de adjudicación de tierras selváticas. De acuerdo con el Decreto Legislativo 653, que aprueba la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, la adjudicación de tierras en Selva o Ceja de Selva no puede ser mayor a 10 mil hectáreas, es por esto que Grupo Romero creó Palmas del Oriente, otra razón social para obtener más adjudicaciones.

Para Palmas del Shanusi, la adjudicación por parte del Estado fue de 7 mil 29 hectáreas, el remanente es resultado de la compra de propiedades; así sucedió en Cotoyacu, por ejemplo.

“La empresa llegó desde el año 2005, vinieron a decir que la comunidad iba a mejorar en cuanto a la salud, la educación; que iba a haber desarrollo para todas las comunidades de alrededor. En esos tiempos, la verdad, no teníamos conocimientos de lo que iba a causar la empresa, y nosotros creímos. Nosotros estábamos pensando en que sería bueno, muchos vendieron sus tierras, creyeron en la empresa. Pero llegaron y con las mismas deforestaron”, dice Jovina Chilcón Rojas, como teniente gobernadora de Cotoyacu, en una pequeña reunión en el patio de la casa del agente municipal Alejandro Estela Fernández.

Hace tiempo en Cotoyacu dejaron de consumir el agua de las quebradas por la suciedad que corre por ella. La empresa Palmas del Shanusi, había generado con la comunidad el compromiso de llenar cisternas para abastecer de agua al caserío, y lo cumplían.

“Hace meses que no vienen”, dice la teniente gobernadora. “Ellos tienen la obligación porque ellos son los que nos están contaminando el agua”, sentencia. En Cotoyacu están resignados, hierven el agua las más veces posibles para consumirla de todas formas.

A metros de los plantíos de palma africana y a pocos kilómetros de los asentamientos de Cotoyacu —de acuerdo con el mapa que hizo a mano la gente de la comunidad—, Grupo Palmas opera Industrias del Shanusi: una planta extractora del aceite de palma, y una fábrica de biogás. “Descarga cada 6 meses o anual, y esto sale a la quebrada directamente”, dice uno de los pobladores reunidos, es uno de los pocos que han laborado con el Grupo Palmas.

Además, explican, la empresa ha desaparecido aguajales consiguiendo todos los permisos por parte de la Autoridad Regional del Agua (ARA), y ahora están en proceso de obtener una autorización más para drenar otra quebrada, una de las más grandes de la zona, y más que drenar, por su experiencia, ellos dicen que es para desviarla y desaparecerla.

No hay pruebas de la existencia de las quebradas que los pobladores aseguran que existieron, sino su añoranza de que en un tiempo estuvieron mejor que ahora.

“Lo que nos hace mal es que fumigan con avioneta cada seis meses, eso baja por la quebrada”, dice una de las pobladoras que asistió a la reunión en el patio del agente municipal.

Palmas del Shanusi enfrenta tres procesos judiciales por desbosque y orden de desbosque sin haber contado con las autorizaciones de Ley (expedientes: 240-2016; 091-2013; 091-2013 y 163-2018) y hasta ahora las comunidades no han logrado movilizar a las autoridades para que se vincule a la empresa con la contaminación y destrucción de las afluentes de agua.

El 31 de marzo del 2016, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura y Riego recibió una denuncia por drenes y ampliación de plantaciones de palma aceitera en las áreas colindantes a Palmas del Shanusi. Resultado de supervisar a la empresa, la DGAAA constató la presencia de drenes y carreteras en las áreas colindantes a las áreas autorizadas para el cultivo de Palmas del Shanusi. La DGAAA decidió archivar los hechos y no abrir un proceso administrativo sancionador.

Cotoyacu, San Pedro de Mayrujay, Bella Selva, Nuevo Arequipa, San Miguel, San Joaquín, Jorge Chávez, Túpac Amaru, Independencia, Roca Fuerte, Nuevo Ica, Leoncio Prado y las comunidades campesinas de San José Obrero y nativa Kechwa los Ángeles, son las 14 comunidades que desde julio del 2018 han denunciado públicamente afectaciones ambientales en sus entornos resultado de las operaciones del Grupo Palmas.

Estas 14 comunidades se reunieron a finales de junio de ese año en un foro para compartir sus experiencias al lidiar con la situación de vecindad con el consorcio comercial. Asesoradas por el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, realizaron el ejercicio de reconocer el territorio en el que fueron fundados sus pueblos en un “mapa parlante”: un dibujo de sus territorios con detalle de fauna y flora, quebradas, aguajales, y edificaciones de la empresa plasmado en una papeleta. Los 14 pueblos coinciden en que la mortandad masiva de peces, y la toxicidad en el agua son patrocinadas por las operaciones de la empresa.

Por su parte la empresa presume en su sitio web su compromiso verde: “autogeneramos cerca del 50% de la energía que consumimos, aprovechando la biomasa de nuestras plantaciones y el biogás de nuestra planta de tratamiento de efluentes”.

Jovina Chilcón, teniente gobernadora de Cotoyacu, muestra el mapa parlante de la comunidad. (Foto: Karen de la Torre)

El agua no se puede consumir

“Ese día que vimos los peces flotando, venían los gallinazos y fresquito se llevaban lo que querían. Pensamos que era probable que podíamos comerlo, yo tomé una doncella, le comí y sentí que se me entumecieron los labios, me daba cosquilleo, en la lengua, en las manos. Vimos que no era posible comerlos”, dice Félix Villanueva Macedo, agente municipal de San Pedro de Mayrujay.

Los moradores están reunidos en asamblea para explicar las actualizaciones de su situación. Sigue la disputa con Grupo Palmas por el terreno al norte de los asentamientos de la comunidad; la Asociación Nuevo Japón, que invadió ese mismo terreno ha parado el desbosque luego de la denuncia penal, tampoco han manifestado interés en comprar títulos de posesión como aquellos que lograron anular a Grupo Palmas. Hoy el problema es que se aproxima el verano y con ello las lluvias, y la mortandad de peces.

Como casi todas las comunidades colindantes a Grupo Palmas, San Pedro de Mayrujay ha denunciado que ha tenido problemas de territorio con el consorcio. Acusan de tercerización de compra de terrenos para quitarles espacio y de haber entrado a la fuerza a una zona más. Sin embargo, ahora lo que quieren es una tregua.

“Estamos trabajando con la finalidad, quizás no de sacar a la empresa porque eso va a ser imposible, sino con una meta de que la empresa se haga cargo, de que se responsabilice de qué está pasando. Que pague de todo lo que está pasando porque esa empresa está atentando contra la salud y la vida. Debe haber conciencia de la responsabilidad en cuanto a la vida humana”, dice David Flores, el teniente gobernador de la comunidad asentada frente a la curva de lago que es Mayrujay.

En el recuento de los hechos, el teniente gobernador indica que la primera mortandad masiva de peces se vio en 2016, en noviembre, cuando una familia botó más de 500 kilos de corvina. Entonces, dice que cuando enfrentaron a la empresa, ésta contestó que no tenían pruebas para vincularlos. Desde ahí lo comenzaron a registrar todo.

Para junio del 2017 al llover, el fenómeno volvió a ocurrir, había doncellas, rayas, tucunares y pañas flotando durante todo el trayecto en bote para llegar al lago. Los pobladores llevaron a los medios de comunicación a registrarlo y la Autoridad Nacional del Agua fue a constatar. Dijeron que se trataba de envenenamiento, y que probablemente eran hechos imputables a las comunidades vecinas a San Pedro de Mayrujay.

Miembros de la asamblea de San Pedro de Mayrujay. (Foto: Karen de la Torre)

En septiembre de 2018 San Pedro de Mayrujay denunció públicamente su situación crítica: la mortandad de peces inició el 5 de septiembre y 5 días después la situación continuaba sin supervisión ni fiscalización de las autoridades correspondientes. Entonces decidieron denunciar penalmente los hechos.

“La empresa no quiere mirar más allá de sus responsabilidades: la empresa nos está matando personalmente ahí a todos los miembros de la comunidad. Directamente nos está exterminando. Está atentando contra la salud y la vida humana”, afirma el teniente gobernador de San Pedro de Mayrujay.

Dentro de la carpeta fiscal 2018-95 de Yurimaguas, el Ministerio Público solicita, como parte de las acciones para llevar a cabo la investigación, emitir oficios al Ministerio de la Producción para obtener su apoyo en la inspección y toma de muestras de las especies muertas y del agua. El caserío sigue esperando la notificación de que el Ministerio Público ya cuenta con los resultados de esos análisis hasta el día de hoy.

En San Pedro de Mayrujay se vive del lago: la gente consume su agua y consume a diarios sus peces. Es su dieta y es su sustento económico. La mayoría de las familias ahí se sostiene por la pesca.

“Ahora que llueva, el agua va a correr por el aguajal, por las quebradas que alimentan a la laguna, se va a lavar el agroquímico y lo va a tirar aquí”, dice David Flores, que tiene la misma hipótesis que la gente en Cotoyacu: son los agroquímicos de control de plagas.

“La empresa tiene alrededor de 30 mil hectáreas de palma aceitera y ¿qué es lo que hace esta empresa? ¡fumigar con agroquímicos sus plantaciones! No sabemos qué agroquímicos usa la empresa, pero estamos segurísimos de que lo hace a través de aviones porque los hemos visto, y es imposible hacerlo con mochilas fumigadoras” agrega el teniente gobernador.

Los medios que tienen a su alcance

Para que las comunidades puedan vincular al Grupo Palmas con la contaminación de sus afluentes y la mortandad masiva de peces, necesitan invertir una fuerte suma económica en una prueba pericial. Pero mientras tanto, las 14 comunidades aseguran que no se quedarán en silencio para exigirles a las autoridades que deslinden responsabilidades.

Mientras que en San Pedro de Mayrujay la constante es la mortandad masiva de peces, en Cotoyacu sucede que las afluentes son cada vez menores. Cada vez que la empresa drena una quebrada afecta su cauce y pasa pequeño por los asentamientos del caserío. A estas alturas sólo queda el recuerdo de lo que fueron.

“Ya nada más mirar. De jóvenes íbamos a bañarnos, a pasarla bonito de fin de semana por tanto calor. Muchas especies ya no hay ahí. Ya no pescamos, ya hay muchos peces que no encontramos”, dice Jovina Chilcón.

Pero Cotoyacu espera recuperarse. Con los medios que tuvo a su alcance, esta comunidad se organizó para formar una Asociación “Productores amigos del bosque” y están preocupados por reforestar las zonas marginales rivereñas para que en algún momento vuelvan en esplendor los aguajales que les daban vida.

“Hicimos un comité de vigilancia. Ya no vamos a permitir que la empresa siga destruyendo nuestro medio ambiente. Toca cuidar lo que queda para nuestros hijos”, habla la joven teniente gobernadora de Cotoyacu.

Las denuncias son similares en los 14 Pueblos, por ejemplo, en Los Ángeles y San José Obrero la gente denuncia que ya no tienen agua durante todo el año, sino por temporada. Antes de la empresa nunca les faltó agua; ellos explican que la situación es consecuencia de que la empresa desviara las quebradas cuando se instaló.

Ya son más de 85 mil hectáreas de cultivos de palma aceitera en la Amazonía peruana. De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap), al menos la mitad de estas hectáreas eran bosques antes de ser monocultivo de palma; y en un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, se señala que el mismo Grupo Palmas, del Grupo Romero, devastó al menos 6 mil 974 hectáreas de bosque primario para instalar sus proyectos de Palmas del Shanusi y Palmas del Oriente, y luego de su instalación se documentó que 9 mil 840 hectáreas más de bosque primario fueron deforestadas en los alrededores de las empresas.

A pesar de la conciencia de las comunidades y su memoria, no habrá responsabilidad sin pruebas y no habrá pruebas sin autoridades diligentes.

Fuente: La autora de este informe indicó que solicitó entrevista al área de imagen del Grupo Palmas para este texto y aunque la respuesta fue canalizar la solicitud, la empresa no concedió entrevista alguna.

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