Bajo la Administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente en Estados Unidos. Desde el 28 de setiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos está tomando medidas para cumplir los compromisos adquiridos en la Cumbre de Doral, y reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre de defender la gobernanza democrática en todo el hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico, según la declaración de prensa del portavoz del gobierno de Estados Unidos, Thomas Pigott.
De acuerdo con dicha declaración, en la que se asume el compromiso de coordinar las sanciones, las designaciones y las medidas financieras contra los terroristas y los delincuentes que socavan la seguridad, el Estado de derecho y la democracia, el Departamento de Estado de EE.UU. anuncia una nueva política de restricción de visados en virtud de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta política restringe la concesión de visados a los ciudadanos extranjeros, y a sus familiares directos, que socaven un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o de narcotráfico en la región. Socavar un gobierno elegido democráticamente constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado. Se trata de un mecanismo duradero que permite a Estados Unidos actuar con rapidez, en coordinación con sus socios, a medida que se recaban pruebas. El Departamento de Estado está tomando medidas de inmediato para imponer restricciones de visado en virtud de esta política, en apoyo de los países participantes en la iniciativa Escudo de las Américas: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
En el marco de esta política, la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visado a las siguientes personas y sus familias. El Departamento de Estado de EE.UU. revocó los visados vigentes de:
Perú: Juan Carlos NÚÑEZ MATOS, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. Ordenó al regulador estatal (Ositrán) no fiscalizar ni sancionar a la empresa china Cosco Shipping Ports Chancay Perú en sus operaciones del megapuerto Chancay.
Entre otros actos de corrupción se encuentran: La Anulación de investigaciones a José Luna Gálvez. El magistrado declaró fundado un recurso de habeas corpus interpuesto por el congresista y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, anulando de forma exprés tres carpetas fiscales por lavado de activos, organización criminal y pago de sobornos. Las pesquisas incluían supuestos nexos con las redes de «Lava Jato» y «Los Cuellos Blancos del Puerto.
Medidas a favor de Miguel Arévalo Ramírez: En marzo de 2024, concedió una medida cautelar que suspendió una investigación penal de la Fiscalía de Crimen Organizado contra Miguel Arévalo Ramírez, alias «Eteco», investigado por presunto narcotráfico.
Bolivia:
- Martín Daniel IRUSTA FLORES, Fiscal Superior
- Albania Chane CABALLERO SAAVEDRA, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera del Departamento de Santa Cruz
- Alberto ZEBALLOS FLORES, fiscal Departamental de Santa Cruz
- Rosario Ximena FLORES PANIAGUA, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa Cruz
- Iván Manolo LIMA MAGNE, ex ministro de Justicia y Transparencia Institucional
- Álvaro Mauricio NAVA MORALES CARRASCO, fiscal Superior y ex Fiscal Departamental de Chuquisaca
- Israel Ramiro CAMPERO MÉNDEZ, magistrado Constitucional
- Alberto Samuel SOTO DE LA VÍA, ex presidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional
- Iván Ramiro CAMPERO VILLALBA, ex magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia
- Rodrigo Aldo VEDIA ESPINOZA, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia
- Frans William CABRERA QUISPE, coronel, Policía Boliviana
- José Luis IRIARTE CUSSI, empresario privado
Otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no disponen de visado, así como sus familias, quedaron, en general, excluidos de la posibilidad de obtener un visado.
Colombia:
- Euclides Antonio TORRES ROMERO, empresario privado dueño de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señales de tráfico e iluminación pública.
- Martha Isabel PERALTA EPIEYÚ, senadora afiliada a Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
Ecuador:
El Departamento de Estado de los EE.UU. revocó los visados de los dos individuos afectados.
Estas medidas de restricción de visados se adoptan de conformidad con el artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que prohíbe el ingreso a aquellas personas cuya entrada o actividades que se proponen pudieran tener consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos.
El Departamento de Estado también está designando públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en actos de corrupción significativa. Esta medida hace que Mariaca y los miembros de su familia inmediata sean, en general, inelegibles para ingresar en Estados Unidos.
Mariaca, elegido en 2024 para un término de seis años como fiscal general durante el gobierno del presidente de extrema izquierda Luis Arce, y quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al mismo tiempo que socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia, que como participante del Escudo, trabaja para fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos.
Estas designaciones públicas se realizan conforme a la sección Sección 7031(c) de la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado y Programas Relacionados (National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act) de 2026 (Div. F, P.L. 119-75) (“Sección 7031(c)”). La sección 7031(c) exige al Secretario de Estado que designe de manera pública o privada a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que el Secretario tenga información fidedigna de que estén implicados en corrupción significativa o en grave violación de derechos humanos.
Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos.
