La Cámara de Comercio de Lima advierte que Resoluciones N° 0105-2026/SEL-INDECOPI, N° 0106-2026/SEL-INDECOPI y N° 0107-2026/SEL-INDECOPI evitan evaluar la razonabilidad de las restricciones municipales y debilitan la eliminación de barreras burocráticas.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó sobre las recientes decisiones de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, a las que califican como »un preocupante retroceso en la defensa de la libre iniciativa privada y la libertad de empresa en Perú». En particular cuestiona que dicha Sala haya optado por evitar el análisis de fondo sobre restricciones horarias impuestas por municipalidades a establecimientos comerciales, revocando resoluciones emitidas por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas buscaban dejar sin efecto dichas limitaciones.

A través de Resoluciones N° 0105-2026/SEL-INDECOPI, N° 0106-2026/SEL-INDECOPI y N° 0107-2026/SEL-INDECOPI, emitidas en marzo de 2026, la Sala argumentó la supuesta falta de “indicios suficientes”, bloqueando así la evaluación de la razonabilidad de las restricciones denunciadas. No obstante, en primera instancia ya no solo se había determinado la existencia de indicios claros, sino que además había confirmado la ausencia de sustento técnico de las medidas municipales cuestionadas.

Para la CCL, este cambio de criterio evidencia un uso excesivo del formalismo que desnaturaliza el sistema de eliminación de barreras burocráticas y limita su capacidad de proteger a los agentes económicos frente a regulaciones arbitrarias o desproporcionadas.

Asimismo, advierten que este precedente podría generar un efecto negativo en el entorno empresarial, al restringir el acceso a mecanismos de defensa frente a disposiciones estatales carentes de razonabilidad, incrementando su costo, promoviendo incertidumbre jurídica y debilitando la confianza en las instituciones.

La CCL recordó que el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas tiene como finalidad garantizar la libertad de empresa y la libre iniciativa privada, protegiendo a los agentes económicos frente a exigencias, requisitos, limitaciones, cobros o prohibiciones ilegales o carentes de razonabilidad.

En ese sentido, exhortó a las autoridades competentes a preservar el correcto funcionamiento de este sistema, evitando interpretaciones que obstaculicen su propósito y afecten el dinamismo de la economía nacional.

Fuente: CCL, Imagen institucional