Fuente: SPDA.

Las tres cuencas: El Perejil que alimenta el río Chicama, en La Libertad, Caballo Moro, que sostiene el río Santa, en Áncash, y Chuyugual, afluente del río Crisnejas, en Cajamarca, están contaminadas gravemente debido a actividades mineras formales, informales e ilegales. Son cuencas hidrográficas que sostienen economías agrícolas y ganaderas, según el monitoreo ambiental comunitario de dos décadas, publicado en reciente informe por la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS Marianistas) y la Red Muqui.

Asimismo, la Asociación por la Defensa del Medio Ambiente de la cuenca del Rímac y de la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales del Perú, sostuvo que las comunidades de la sierra central viven una situación similar, alertó su lideresa Betzabé Vásquez.

“Somos el 80 % campesinos y estamos expuestos a relaves mineros frente a la indiferencia del Estado. El Rímac abastece a Lima y Callao, pero no existe un plan real de prevención. Ante un sismo o huaico, los relaves pueden deslizarse y poner en peligro a toda la ciudad”, advirtió.

También recordó que el Plan Especial Multisectorial para personas expuestas a metales tóxicos no avanza, pese a que más de 10 millones de peruanos están en riesgo. “No hay toxicólogos, no hay tamizajes, no hay atención”, enfatizó.

El biólogo Manuel Hora, del equipo técnico de AMAS Marianistas, quien presentó los resultados del monitoreo ambiental comunitario, acreditados por laboratorios indicó que en el caso de El Perejil, se hallaron episodios recurrentes de superación de estándares de calidad ambiental; en Caballo Moro, procesos de acidificación del agua; y en Chuyugual, la situación fue más crítica debido a la presencia de nitratos, sulfatos, nitrógeno amoniacal y cianuro, asociado a la expansión minera.

En Chunyugual, el monitoreo realizado en 2023 muestra un incremento significativo de cianuro WAD y cianuro libre. Según el informe, esto podría estar relacionado con las actividades mineras en la cuenca, lo que afecta la calidad del agua superficial y los ecosistemas circundantes.

En Caballo Moro, los estudios de 2005 a 2024 revelan una tendencia sostenida al incremento de la acidez. Este fenómeno, probablemente también relacionado a actividades mineras, sugiere un proceso de acidificación de las aguas superficiales que podría tener impactos negativos en la agricultura y el ecosistema acuático local.

El informe indica que las actividades de minería formal e informal en las zonas estudiadas, muchas de ellas registradas bajo el Reinfo, podrían haber contribuido en el aumento de la contaminación de estas aguas que abastecen a comunidades campesinas y zonas urbanas, actividades ganaderas, agrícolas y a ciudades de tres regiones, además contribuyen a la cuenca amazónica a través del Marañón.

Faltan políticas de prevención, fiscalización efectiva y un ordenamiento territorial vinculante

Victoria Fernández, lideresa campesina de la provincia de Santiago de Chuco (La Libertad), afirmó que las lagunas vienen muriendo, la agricultura se está deteriorando y los niños presentan metales pesados en el cuerpo.

“Somos vigilantes ambientales formados por nuestras comunidades. Sabemos cuándo el agua está viva y cuándo está contaminada. El cianuro está matando nuestras acequias y lagunas”, afirmó.

El padre Víctor Alberto Müller, de la Compañía de María Marianistas, recordó que este acompañamiento comunitario inició hace más de 20 años, cuando las comunidades se organizaron frente al proyecto Lagunas Norte, en ese entonces administrado por Barrick Michiquillay. “La desprotección continúa”, señaló.

Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, sostuvo que el país vive “un retroceso grave en materia de derechos humanos”.

“La salud ambiental y la salud humana no son prioridad para el Estado. Por eso las comunidades deben venir a Lima a exigir lo que debería ser un derecho garantizado”, añadió.

Los panelistas que presentaron el informe en conferencia de prensa, coincidieron en que la contaminación minera está estrechamente vinculada con la pobreza, la desigualdad territorial y la débil institucionalidad estatal. Señalaron que, mientras no existan políticas de prevención, fiscalización efectiva y un ordenamiento territorial vinculante, los conflictos sociales y afectaciones seguirán expandiéndose.